Bajar de la edad de imputabilidad... retroceso peligroso para la infancia y el Estado de Derecho
Análisis crítico sobre la baja de la edad de imputabilidad penal y los derechos de niños y adolescentes
¿Una respuesta punitiva a una deuda social?
En un contexto atravesado por la incertidumbre social, la inseguridad y la demanda de respuestas inmediatas frente a problemas estructurales, el reciente dictamen parlamentario que propone bajar la edad de imputabilidad penal a los 14 años aparece como una salida rápida, pero profundamente equivocada.
Bajo el ropaje de un nuevo "régimen penal juvenil" que promete incorporar derechos y garantías, se esconde una regresión peligrosa que contradice el derecho internacional de los Derechos Humanos, los principios constitucionales vigentes y los aportes más elementales de la criminología contemporánea.
El interés superior del niño no es negociable
La Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en la Argentina desde 1994, establece con claridad que "en todas las decisiones que involucren a niños, niñas y adolescentes, el interés superior del niño debe ser una consideración primordial" (art. 3).
Este principio debería orientar toda política pública en materia penal juvenil. Sin embargo, lejos de colocar la protección integral en el centro, la propuesta legislativa convierte a adolescentes de 14 años en destinatarios directos del sistema penal, precisamente en una etapa clave del desarrollo emocional, cognitivo y moral.
Estándares internacionales y criminalización de la pobreza
Organismos internacionales como el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas han recomendado de manera reiterada que la edad mínima de responsabilidad penal no sea inferior a los 15 años, e incluso muchos países la sitúan en los 16 o 18 años.
Al avanzar en sentido contrario, Argentina corre el riesgo de integrar un grupo reducido de países que penalizan tempranamente a adolescentes, profundizando procesos de criminalización de la pobreza, el abandono estatal y la exclusión social.
No hay evidencia de que bajar la edad reduzca el delito
No existe evidencia empírica seria que demuestre que bajar la edad de punibilidad reduzca los niveles de delito. Por el contrario, la incorporación temprana de adolescentes al circuito penal genera:
estigmatización social,
ruptura de trayectorias educativas,
consolidación de recorridos delictivos,
debilitamiento de intervenciones comunitarias reales.
Lejos de promover la reinserción social, el sistema penal agrava la exclusión que dice combatir.
Garantías en el papel, castigo en la práctica
El dictamen intenta neutralizar las críticas mediante un catálogo amplio de derechos y garantías. Sin embargo, en lo sustancial, legitima el ejercicio del poder punitivo del Estado.
La responsabilidad penal exige discernimiento, comprensión y libertad de decisión: atributos que difícilmente puedan afirmarse con rigor en adolescentes de 14 años.
Asimismo, la introducción de medidas como el monitoreo electrónico o la privación de libertad en institutos puede derivar en nuevas formas de encarcelamiento juvenil con apariencia de protección, contradiciendo el principio de ultima ratio que debe regir el derecho penal juvenil.
El verdadero problema: la deuda social con las adolescencias
El problema de fondo no es la edad del infractor, sino la incapacidad estructural del Estado para garantizar derechos básicos a niños, niñas y adolescentes.
Mientras persistan:
la pobreza estructural,
el abandono educativo,
la violencia institucional,
la desprotección socio -familiar
ningún régimen penal —por más garantista que se presente— podrá resolver lo que es, ante todo, una deuda social histórica.
Seguridad sin derechos no es justicia
Reducir la edad de imputabilidad puede generar réditos políticos de corto plazo, pero compromete el futuro de miles de adolescentes y debilita el compromiso constitucional con la niñez.
No se trata de negar el dolor de las víctimas, ni de minimizar los conflictos sociales; se trata de construir respuestas más humanas, eficaces y respetuosas de la dignidad, especialmente cuando se trata de personas en proceso de crecimiento.
Un país que renuncia a proteger a sus niños, niñas y adolescentes cuando más lo necesitan, también renuncia a su esperanza.
VIOLINI, Víctor H. Bajar la edad de imputabilidad, un retroceso peligroso para la infancia y el Estado de Derecho. Página/12 [en línea]. 14 de mayo de 2025. [Consulta: 7 de febrero de 2026]. Disponible en: